Con las Barreras levantadas

En las próximas horas el presidente Néstor Kirchner anunciará un nuevo modelo de operación del servicio ferroviario del país, plasmado en un proyecto de ley que enviará al Congreso. El esquema está inspirado en el “modelo español”, ya que replicará la fragmentación en dos grandes organismos estatales la administración del sistema: una encargada del desarrollo de la infraestructura y otra de la operación de los servicios. El proyecto oficial se basa en la experiencia española Renfe. Copiando ese modelo, se creará una Agencia Nacional de Transporte. Ese nuevo ente público estará en condiciones de concesionar y administrar los servicios de trenes, tanto de pasajeros como los de carga. Según confiaron a Página/12 funcionarios que trabajaron en el proyecto, convivirán operadores privados –los ya existentes en los ramales entregados en la década pasada– con el manejo estatal de algunas líneas. Por lo pronto, esas fuentes adelantaron que las retiradas al controvertido empresario Sergio Taselli (San Martín, en 2004, y Roca y Belgrano Sur, la semana pasada), que hoy están en manos de un consorcio integrado por los otros concesionarios, serán administradas por el Estado.

La idea principal de esta intervención del sector público es la de actuar como caso testigo para el resto de los ramales, presionando así –según la visión oficial– para mejorar el servicio que prestan los concesionarios. “Vamos a mandar un proyecto a la Cámara de Diputados en las próximas horas para hacer el organismo central de los ferrocarriles argentinos y recuperar plenamente la conducción como corresponde”, sostuvo Kirchner. El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante un acto de entrega de viviendas en Bragado, una semana después de haber quitado la concesión de las líneas Roca y Belgrano Sur a la empresa Metropolitano, encabezada por Sergio Taselli. La fórmula argentina dará mayor preeminencia al Estado en el rol de inversión – multimillonarios montos, que en el caso de los trenes urbanos está gerenciado por los adjudicatários –, pero sin desechar la participación de esas empresas privadas ni la posibilidad de seguir subsidiando las prestaciones que no sean económicamente viables sin ese apoyo.

La idea de una agencia permitirá reunir en un mismo comando público prestaciones que hoy tienen distintos regímenes y operan bajo distintas jurisdicciones. Los ferrocarriles urbanos, subvencionados y licitados por la Nación; los pasajeros de larga distancia, algunos de las provincias, otros bajo la órbita del poder central, concesionados o íntegramente estatales; los subtes, en los que también tiene competencia la ciudad, aunque no asumió el control exclusivo, como ordena una norma de 1999, y los trenes cargueros, también privatizados por la Nación, pero sin subvención. Más allá de los detalles instrumentales, la idea es diferenciar bajo un mismo comando organizador dos entidades estatales. Una con responsabilidad en la administración integral de la infraestructura ferroviaria (al estilo de la ADIF española), que ejecutaría las inversiones sustanciales. Otra con potestad en la operación de los servicios (al estilo de la Renfe). Aquí es donde se integran las empresas privadas, como concesionarios de la prestación o como socios del Estado, en eventuales empresas mixtas. Explotando a riesgo o con subvenciones, según los casos.

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Fonte: Pagina12